Foto de un hombre con una camisa gris a cuadros

El máximo organismo insta a reformar la normativa sobre abusos financieros

La Asociación Australiana de Crédito Minorista (ARCA, por sus siglas en inglés) ha pedido una mayor colaboración del sector para hacer frente al impacto de los malos tratos domésticos en el crédito, instando a que se lleven a cabo reformas normativas.

Publicado: 18 de enero de 2025
  • nacional
  • 18 de enero de 2025
  • Corredor diario

ARCA, asociación dedicada a la información crediticia y a los datos de los consumidores, ha acogido con satisfacción el informe de la comisión mixta parlamentaria sobre empresas y servicios financieros y ha pedido una mayor colaboración del sector para abordar el problema de los abusos financieros en las relaciones domésticas.

Elsa Markula, Directora General de ARCA, destacó el devastador impacto que los malos tratos domésticos pueden tener en la solvencia de una persona y en su relación con el sistema de información crediticia.

Subrayó la necesidad de prestar más apoyo a las víctimas y a las víctimas supervivientes que interactúan con el sistema.

"ARCA y sus miembros reconocen el impacto devastador que los malos tratos domésticos pueden tener en la relación de una persona con el crédito, y cómo su solvencia se ve a través de la lente del sistema de información crediticia. Hay que hacer más para ayudar a las víctimas y a los supervivientes cuando ellos y sus representantes interactúan con el sistema de información crediticia", dijo Markula.

"Apoyamos firmemente el informe de la Comisión Parlamentaria Mixta, que es de gran alcance y enormemente significativo. Existe la oportunidad de mejorar las prácticas del sector e impulsar una mayor coherencia en la forma en que las instituciones financieras responden a los abusos financieros, lo que redundará en mejores resultados para las víctimas y los supervivientes".

En los últimos años, ARCA ha llevado a cabo amplias consultas con especialistas, incluidos expertos en experiencias vividas, asesores financieros, servicios jurídicos comunitarios y organizaciones gubernamentales.