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El Grupo de Acción de la Vivienda para la Tercera Edad (HAAG) califica el proyecto de Ley de Enmiendas a la Ley de Pueblos de Jubilados del Gobierno, publicado tras un periodo de consulta de cinco años, de "paquete mixto".
Incluye importantes mejoras para los residentes, pero no aborda adecuadamente algunos de los principales motivos de preocupación.
Fiona York, Directora Ejecutiva, acogió con satisfacción la introducción de contratos normalizados para hacer frente a la complejidad y variedad de los contratos en las aldeas de jubilados.
"Llevamos muchos años pidiendo que se ponga fin a los contratos ambiguos y confusos, que han dificultado a los ciudadanos comparar pueblos o entender sus costes reales. Por eso acogemos con satisfacción esta reforma", declaró.
La HAAG también acoge con satisfacción la introducción de un Código de Conducta obligatorio para los operadores de residencias de ancianos, que envía un mensaje contundente al sector.
"Hemos sido testigos de espeluznantes malos tratos a nuestros clientes en residencias de ancianos por parte de operadores sin escrúpulos, debido a la falta de protección y regulación adecuadas de los consumidores. El Código de Conducta obligatorio tiene el potencial de proporcionar una mayor protección al consumidor y una mejor experiencia para los residentes."
"Acogemos con satisfacción que el proyecto de ley regule de forma más estricta las tarifas de las residencias de ancianos, pero nos preocupa que permita que continúen algunas de las peores prácticas del sector. No va lo suficientemente lejos en la regulación de las tasas de salida que pueden incentivar a las aldeas a "cambiar" o desalojar a los residentes para aumentar los beneficios, y atrapar a los residentes insatisfechos en aldeas que ya no les convienen."
El proyecto de ley tampoco hace lo suficiente para proteger la seguridad de la tenencia en las residencias de ancianos, ya que permite que los residentes -que pueden haber pagado cientos de miles de dólares o más por sus casas- sean desalojados si han cometido "muchos" incumplimientos menores del contrato.
"Los peores operadores de aldeas que vemos utilizan las amenazas de desahucio para acosar a los residentes, manipular los pagos de salida y extraer beneficios inesperados. Es una práctica que debería erradicarse, pero nos preocupa que el proyecto de ley permita que continúe".
La AEAM, junto con sus socios y los residentes de las residencias de la tercera edad, también han pedido la creación de un Defensor del Pueblo para resolver los conflictos.
La introducción de un nuevo servicio alternativo de resolución de conflictos en el Departamento de Servicios Gubernamentales es un paso en la dirección correcta, y debe proporcionar un servicio gratuito y de fácil acceso para los residentes, así como la capacidad de tomar decisiones vinculantes para los operadores. La AAGHA afirma que espera trabajar con el Gobierno para desarrollar este nuevo servicio.