Foto de una mujer con blusa azul leyendo una carta

El acceso a la justicia es una infraestructura esencial, no un privilegio: Consejo Jurídico

Más de 500 profesionales del derecho se reunieron en octubre para debatir cómo los gobiernos, las organizaciones sin ánimo de lucro y la comunidad jurídica podrían apoyar mejor el acceso a la justicia para todos, especialmente para las personas que se encuentran en los momentos más vulnerables de su vida.

Publicado: 16 noviembre 2025
  • nacional
  • 16 de noviembre de 2025
  • Consejo Jurídico de Australia

Del 29 al 31 de octubre de 2025 se celebró en Melbourne la novena Conferencia Nacional sobre Acceso a la Justicia y Pro Bono, organizada conjuntamente por el Centro Australiano Pro Bono, el Consejo Jurídico de Australia y el Instituto Jurídico de Victoria.

Más de 500 representantes de la práctica privada, Centros Jurídicos Comunitarios, Comisiones de Asistencia Jurídica, Servicios Jurídicos para Aborígenes e Isleños del Estrecho de Torres y Servicios Jurídicos de Prevención de la Violencia Familiar se reunieron para debatir una amplia gama de cuestiones que afectan a la prestación de asistencia jurídica.

La financiación adecuada de la asistencia jurídica ocupó un lugar destacado en el orden del día, sobre todo teniendo en cuenta que, a escala nacional, el 70% del trabajo de asistencia jurídica corre a cargo de profesionales privados, que prestan sus servicios por aproximadamente un tercio de la tarifa de un trabajo comparable.

Los delegados escucharon que las bajas tarifas pagadas y el hecho de que parte del trabajo no sea remunerado hacen que sea extremadamente difícil para los despachos privados seguir apoyando el acceso a la justicia, pagar a su personal y mantener sus puertas abiertas. La crisis de personal que predijo la Comisión de Productividad en 2014 ya ha llegado.

La Conferencia también escuchó a los delegados hablar de programas para hacer frente a la violencia de género y familiar, mejorar la satisfacción de las necesidades jurídicas de los jóvenes, combatir los malos tratos a las personas mayores, apoyar a las comunidades regionales y remotas, y abordar las necesidades jurídicas de los pueblos de las Primeras Naciones y las comunidades LGBTQIA+.

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