Pide inversiones urgentes para los centros jurídicos comunitarios

A escala nacional, los servicios jurídicos comunitarios ayudaron a 179.000 personas de todo el país en 2022-23 a gestionar problemas jurídicos cotidianos relacionados con el maltrato de ancianos, la vivienda, el empleo, la salud, las finanzas y la seguridad personal, y a comprender y ejercer mejor sus derechos legales. Estos servicios tienen en cuenta los traumas e integran una serie de apoyos profesionales diversos, como el trabajo social, el asesoramiento y la educación comunitaria.

Sin embargo, los centros jurídicos comunitarios están al límite. La escasez de fondos y la abrumadora demanda están obligando a los centros a rechazar a más de 200.000 personas cada año, a reducir la oferta de servicios y a cancelar los servicios locales de extensión y las clínicas. Los trabajadores de primera línea sufren altos índices de trauma vicario y agotamiento.

"En el último año, Seniors Rights Victoria ha registrado un aumento del 50% en las llamadas a su línea de ayuda para ancianos maltratados y un incremento del 40% en las sesiones de asesoramiento. También hemos observado un aumento de la agudeza de los casos que hemos estado atendiendo", dijo Chris Potaris, director general, al detallar las circunstancias de SRV.

Para contribuir a esta importante causa, la SRV pide a sus simpatizantes que se unan a una campaña de envío de cartas para concienciar sobre la grave situación a la que se enfrentan los centros jurídicos comunitarios de todo el país.