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Los organismos de las cumbres coinciden en que se trata de un primer paso alentador para poner fin a la crisis de financiación que amenaza los servicios jurídicos locales y el empleo.
El anuncio se produce en medio de las negociaciones nacionales entre los gobiernos federal, estatales y territoriales sobre un nuevo acuerdo nacional de financiación de los servicios de asistencia jurídica, incluidos los centros jurídicos comunitarios, los servicios jurídicos para aborígenes e isleños del Estrecho de Torres, las Comisiones de Asistencia Jurídica y los Servicios Jurídicos y de Prevención de la Violencia Familiar.
El sector jurídico comunitario ha pedido seguridad en la financiación, ya que el actual acuerdo quinquenal expira el 30 de junio de 2025.
Los 3.900 millones anunciados hoy confirman el compromiso permanente de la Commonwealth con la financiación de la asistencia jurídica e incluyen 800 millones adicionales a lo largo de cinco años que se repartirán entre todos los proveedores de asistencia jurídica durante la vigencia del próximo acuerdo.
Los centros jurídicos comunitarios sólo recibirán una fracción de esta cantidad.
El impacto de la escasez crónica de financiación de la última década ha llevado a muchos servicios locales al borde del cierre y ha provocado la precariedad salarial y de condiciones del personal que presta apoyo a los miembros de la comunidad local.
En 2023, los centros jurídicos comunitarios rechazaron a más de 1.000 personas al día en todo el país, entre ellas al menos 340 víctimas supervivientes de violencia doméstica y familiar.
La campaña Save Community Legal Centres pide al Gobierno Federal que salve el sector jurídico comunitario y ofrezca salarios y condiciones justos.
Cybele Koning, Directora General del Centro Jurídico Caxton, afirma
"Ayudamos a más de 25.000 personas al año. Cerca del 50% de nuestros clientes son víctimas de la violencia doméstica y familiar.
Los centros jurídicos comunitarios como los nuestros en toda Australia, que responden a una amplia gama de cuestiones jurídicas -derecho de familia, protección de la infancia, crédito y deuda de los consumidores, empleo, derecho penal, acoso sexual, maltrato de ancianos- necesitamos financiación para responder a este alarmante índice de violencia doméstica y familiar."
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