«Acogemos con especial satisfacción el debate de SCAG sobre los honorarios de los proveedores preferentes de asistencia jurídica», afirmó Elizabeth Shearer, miembro ejecutivo del Consejo Jurídico de Australia.
«Los profesionales privados son fundamentales para la prestación de servicios de asistencia jurídica gratuita, por lo que hemos pedido a todos los gobiernos que revisen la financiación para garantizar que los honorarios de los proveedores preferentes puedan aumentarse hasta un nivel que permita a los despachos seguir prestando estos servicios y seguir siendo sostenibles.
«Por lo tanto, nos complace saber que SCAG ha tomado nota de los problemas asociados al modelo de proveedor preferente, incluido el acceso equitativo a la justicia, especialmente en las zonas regionales, rurales y remotas, y ha acordado estudiar posibles soluciones mediante una revisión del modelo. Volvemos a insistir en que el tiempo es un factor crítico en este caso. En la actualidad existe una crisis de personal en el ámbito del acceso a la justicia, que debe abordarse con urgencia».
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