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Dot, que padecía demencia, otorgó un poder financiero a su hijo Ted cuando ingresó en una residencia de ancianos. Ted invirtió 200.000 dólares de sus ahorros, el saldo de la venta de su casa.
Susan, la hija de Dot, sospechaba que Ted había utilizado ese dinero para pagar su propia hipoteca cuando perdió el trabajo. Cuando Susan se enfrentó a él, admitió que había malversado el dinero de Dot, pero como ahora estaba en bancarrota, todo el capital de su casa tenía que ir a parar al Síndico de la Bancarrota.
Susan acudió a la policía, que no calificó las acciones de Ted de robo, un asunto penal, porque lo consideró un asunto civil. Aunque sería sencillo demostrar que Ted había cogido el dinero incumpliendo su deber como abogado, el procedimiento civil podría haber sido muy largo y costoso, y Ted no habría podido repetir la cantidad cogida de todos modos.
En lugar de ello, Susan llevó el asunto al Tribunal Civil y Administrativo de su estado, que la nombró abogada de Dot en lugar de a Ted para evitar que se produjeran más abusos.
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