:format():fill())
Esto es posible gracias al nuevo marco de toma de decisiones con apoyo que está aplicando ahora el Fideicomisario Público, la agencia gubernamental que ayuda a las personas a planificar su futuro, proteger y gestionar sus asuntos jurídicos y financieros, y aboga en su nombre.
El Director General de Public Trustee, Todd Kennedy, dijo que el cambio supone un giro significativo hacia la mejora de la vida de las personas con capacidad de decisión disminuida que necesitan apoyo.
"El marco de apoyo a la toma de decisiones ayudará al fideicomisario público a hacer valer los derechos, la voluntad y las preferencias de nuestros clientes con discapacidades o con capacidad limitada para tomar decisiones", declaró Kennedy.
"En consonancia con la evolución de las mejores prácticas en otras jurisdicciones australianas y a escala internacional, Tasmania está pasando de un enfoque basado en el "interés superior" a otro que faculta a las personas con capacidad de decisión disminuida a participar activamente en las decisiones que afectan a sus vidas.
"Este marco transformador se alinea con la nueva Ley de Enmienda de Tutela y Administración 2023, que fue aprobada por el Parlamento de Tasmania en septiembre de 2023, y está programada para entrar en vigor en los próximos 12 meses.
"Uno de los objetivos fundamentales de la ley es salvaguardar y defender los derechos y la dignidad de las personas con discapacidad para tomar decisiones, de acuerdo con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esto significa prestar un apoyo integral a las personas con capacidad de decisión limitada para que puedan tomar, participar y aplicar decisiones que afectan profundamente a sus vidas.
"El desarrollo de este marco innovador se basó en las mejores prácticas rigurosas y basadas en pruebas, y se elaboró mediante amplias consultas con los clientes, el personal de Public Trustee y nuestras partes interesadas.
La Fiduciaria Pública se compromete a prestar servicios de alta calidad que capaciten y eleven a las personas con capacidad de decisión disminuida, de conformidad con los principios de justicia, dignidad y derecho a la autodeterminación.